Fondos Buitre

A finales de 2001, Argentina incumplió pagos por 132 mil millones de dólares en préstamos mientras el país se encontraba en una depresión económica. El PIB argentino se redujo un 28%, prácticamente la mitad d ellos argentinos vivía en la pobreza, y la tasa de desempleo se disparó a más del 20%, lo que produjo disturbios y enfrentamientos en las calles.

La deuda argentina con acreedores privados ascendía a 82,000 millones de dólares. Varios de ellos comenzaron a demandar al Gobierno argentino en 2002 ante los tribunales de los países en los que Argentina había emitido esos títulos públicos, desde su propio territorio hasta Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia o Bélgica.

Desde 2001 los ‘fondos buitre’, como NML, Dart y Aurelius, empezaron a comprar los depreciados bonos argentinos con el único objetivo de demandar después en los tribunales por el 100% de su valor original. Estos fondos por definición siempre rechazan las reestructuraciones de deuda y tarde o temprano acaban cobrando lo reclamado, como ya sucedió con Perú, Congo, Panamá, Grecia, Polonia, Ecuador, Costa de Marfil, Paraguay o Brasil.

Debido a esta crisis financiera, el Gobierno argentino fue incapaz de pagarle a sus acreedores, así que se reestructuró su deuda en dos rondas de negociaciones. El paquete descontó dos tercios del valor de los bonos (debt haircut), pero proporcionó un mecanismo para efectuar más pagos cuando la economía del país se recuperará, lo que sucedió años después. El 93% de los tenedores de bonos aceptó ese trato.

Entre el 7% que rechazó al acuerdo estaban los inversionistas que compraron muchos de sus bonos con un enorme descuento, (es decir, a un precio muy barato), bastante tiempo después del cese de pagos del país e incluso después de la primera ronda de reestructuración. Estos inversionistas se ganaron el nombre de fondos buitre (vulture fund) por comprar la deuda en un momento de gran dificultad.

Entre las compañías involucradas están algunos de los fondos buitre más conocidos, como NML Capital —una subsidiaria de Elliott Management, un fondo de inversión codirigido por Paul Singer, quien es un importante contribuyente del Partido Republicano de Estados Unidos—, así como Aurelius Capital y Dart Management. NML, que tenía el reclamo más grande en el caso de Argentina, fue el principal litigante de un grupo de tenedores de bonos en las cortes federales de Nueva York.

Durante mucho tiempo, Argentina se negó a pagar. Los fondos intentaron todo tipo de maniobras para cambiar la decisión del país y forzar el pago de la deuda, lo que incluyó la detención temporal de la fragata Libertad, el buque insignia de la Marina argentina, en un puerto de Ghana.

En 2012 un fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, inclinó la balanza a favor de los fondos buitre al tomar la decisión de que Argentina debía pagar el valor total de los bonos, lo que le costaría 4,650 millones de dólares. Esta decisión implicaba que Argentina no podría seguir pagando la deuda reestructurada mientras siguiera sin abonar al 7,6% que mantenía en sus manos el pasivo impago.

Con esta decisión, NML obtendría un retorno total de 1500% por ciento de su inversión inicial debido a los bajos precios que pagó por la deuda y a una tasa de “compensación” de interés del 9% bajo las leyes de Nueva York.

El fallo del juez Griesa entró en vigor en 2014 y puso una condición más: emitió una orden que impedía que Argentina le pagara a los acreedores que habían aceptado el acuerdo hasta que cancelara las deudas de los fondos buitre en su totalidad.

El Gobierno argentino, entonces bajo el mando de Cristina Kirchner, se negó a cumplir la sentencia, con lo que entró en suspensión de pagos de su pasivo refinanciado en 2005 y 2010. Su argumento fue que, si abonaba lo que pedía los ‘buitres’, el 92,4% que sí había aceptado la quita podía reclamar un trato igual, tal como establecía una cláusula de la deuda refinanciada que vencía el 31 de diciembre de 2014. Kirchner planteó el dilema como “patria o buitres”, mientras el entonces opositor Mauricio Macri recomendaba pagar todo tal cual había fallado el juez Griesa.

En 2015, una vez vencida esa cláusula y en año de elecciones presidenciales, Mauricio Macri fue elegido nuevo presidente argentino, quien ahora planteó la necesidad de una quita.

Argentina finalmente aceptó un trato que se acerca a los términos establecidos por Griesa. NML Capital recibirá aproximadamente la mitad del total del acuerdo (2,280 millones de dólares por su inversión de unos 177 millones de dólares, un rendimiento total de 1180%) cabe destacar que la nación argentina también pagó los honorarios legales de los fondos buitre.

Esta solución es un peligroso precedente para el sistema financiero internacional pues puede fomentar que otros fondos se resistan a negociar y así logren que las reestructuraciones de la deuda sean prácticamente imposibles. ¿Por qué aceptar menos si pueden esperar y obtener rendimientos exorbitantes por una pequeña inversión?

Al final, los acreedores que aceptaron la reestructuración inicial obtuvieron el valor principal del total y hasta 40% por ciento más.