Educación financiera

En palabras del Premio Nobel de Economía 2008 Paul Krugman, hacen falta 20 años para que en México alcancemos tasas de crecimiento sostenibles (en comparación, Pricewaterhouse Coopers publicó hace algunos meses que sería hasta 2050 que alcanzaríamos un crecimiento económico relevante), por lo que su recomendación es mejorar tanto la infraestructura (tarea de la que se encarga sobre todo el Estado) como el sistema educativo.

Tomando esto como punto de partida y considerando que es a partir del ciclo escolar 2018-2019 que será posible que se impartan materias de habilidades para emprender y educación financiera en las escuelas de formación básica gracias a la autonomía curricular de la que gozarán los planteles para decidir parte de sus materias, según señala el Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, hay aquí algunos puntos interesantes a discutir debido a la imposibilidad de reducir la muy alta incidencia de pobreza, situación que afecta a casi la mitad de la población y que busca revertirse implementando la Estrategia de Educación Financiera que pretende lograr una mayor inclusión social, pues a nivel internacional la educación financiera ha sido reconocida como un factor para reducir la exclusión social y desarrollar el sistema financiero a la vez que permite a las familias y personas tener mejores instrumento de ahorro, obtener créditos para sus actividades productivas, tener un mejor ahorro para el retiro y enfrentar sucesos inesperados.

Se debe mencionar que existen actualmente en México diversas opciones de Educación Financiera, la gran mayoría como parte de la iniciativa privada, la cual se ha ocupado de abordar desde diferentes perspectivas, cada uno de los cuatro componentes fundamentales de la Inclusión Financiera, los cuales son: el uso, el acceso, la protección al consumidor y la educación financiera, por lo que ya hay avances, pero también importantes deficiencias. Empecemos por definir cada uno de ellos y un poco más allá…:

1. El uso

Es entendido como la adquisición o contratación, por parte de la población de uno o más productos o servicios financieros, así como a la frecuencia con que éstos son utilizados. En este caso el uso se ha visto intensificado por la bancarización de las familias que principalmente son beneficiarias de algún programa social por parte del Estado que al hacer entrega de en la mayoría de los casos una tarjeta bancaria, principalmente de débito ha propiciado cuenten con por lo menos un producto y un servicio bancarios sin tomar en cuenta si el beneficiario o beneficiarios comprenden en su totalidad el correcto uso de estos.

2. El acceso.

Lo entendemos como la penetración del sistema financiero en cuanto a la infraestructura disponible para ofrecer servicios y productos financieros, como sucursales, cajeros automáticos, corresponsales y terminales punto de venta, entre otros. Es decir, los puntos de contacto entre las instituciones financieras y la población, desde una perspectiva de oferta la cual no es homogénea y en la actualidad se puede verificar que este acceso no es el mismo para personas en zonas rurales que en zonas urbanas siendo que en las primeras puede haber sobredemanda de infraestructura y en las segundas existe una sobreoferta de la misma.

3. La protección al consumidor.

Se refiere a que los productos y servicios financieros que se ofrezcan a la población se encuentren bajo un marco que garantice como mínimo la transparencia de información, el trato justo y mecanismos efectivos para la atención de quejas y asesoría de los clientes contra prácticas desleales y abusivas, así como la efectividad del marco regulatorio para favorecer la inclusión de la población y el resguardo de sus datos personales. Este punto se abordará líneas más adelante.

4. La educación financiera.

Se refiere a las acciones para que la población adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos para estar en posibilidad de efectuar un correcto manejo y planeación de sus finanzas personales, así como para evaluar la oferta de productos y servicios financieros, tomar decisiones acordes a sus intereses, elegir productos que se ajusten a sus necesidades, y comprender los derechos y obligaciones asociados a la contratación de estos servicios.

Retomando el tercer punto que refiere a la protección del consumidor, con la aprobación y promulgación de la Reforma Financiera en 2014 se modificaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones que inciden en materia de educación financiera. Pero aun cuando las reformas se han encaminado a potenciar un mayor crecimiento, no han dado el resultado esperado porque falta un elemento central: un íntegro Estado de Derecho.

Cuando hablamos de un íntegro Estado de Derecho, no solamente se trata de que se cumplan las leyes vigentes. Veamos: Las instituciones económicas, que comprenden a las organizaciones económicas y al marco legal, juegan un papel muy importante para proveer un ámbito adecuado en el cual las transacciones entre los diferentes agentes económicos (familias, empresas y Estado) se llevan a cabo y que es crucial en el proceso de desarrollo económico al reducir los costos de transacción, cosa que en nuestro país ni siquiera sucede ya que los agentes económicos propietarios de recursos deben tener la libertad para utilizarlos, según su conveniencia, en aquellos usos que mayor rendimiento o beneficio les rindan, mientras en el uso de esta libertad no atenten en contra de los derechos de terceros. No obstante, en la realidad no todos los agentes pueden ejercer el derecho de uso, y en este caso me refiero a las familias, debido que en muchas ocasiones son las mismas instituciones quienes omiten ajustarse al marco legal vigente restringiendo la libertad de uso de los recursos.

Se puede mencionar a modo de ejemplo que dentro del Sistema Financiero Mexicano, donde se encuentra inserto el Sistema de Ahorro para el Retiro, vigilado por la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) quien supervisa se cumplan las reglas que deben seguir las AFOREs, existe evidencia de que algunas se han negado a responder a exhortos realizados por ésta Comisión para realizar reducciones adicionales a sus comisiones con fundamento en lo que señala la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro por considerar que por su tamaño, ingresos, utilidades y retornos sobre capital, así como por su actividad comercial presentan espacio adicional de reducción.

Adicionalmente, al momento de permitir que se generen traspasos de las Cuentas individuales de los trabajadores registrados en sus SIEFORES (Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro) hacia otras lo hacen a sabiendas de que éstas pueden llegar a presentar menor rendimiento quitando todo sentido económico al proceso de traspaso pues se espera que los recursos aumenten con la finalidad de enfrentar un retiro laboral al alcanzar la vejez ya este es uno de los elementos clave a la hora de escoger una AFORE: que el traspaso sea a una que presente en ese momento mayor rendimiento. Asunto grave es que en gran número de casos lo pueden llegar a hacer sin informar del traspaso al propietario de la Cuenta Individual generando gran cantidad de traspasos negativos que generan minusvalías en las Cuentas Individuales y terminan violentando así el derecho que tienen los individuos a ser libres de elegir cómo utilizar los recursos de su propiedad mientras en el ejercicio de esta libertad no se atente contra terceros

Lo aquí expuesto es de suma importancia debido a que una persona que es inserta actualmente en el Sistema Financiero Mexicano sin la suficiente Educación Financiera y sin la suficiente protección brindada por un Estado de Derecho íntegro corre el riesgo de convertirse en un nuevo excluido al tomar decisiones equivocadas y al no contar con la debida protección y respaldo de las instituciones, con los consiguientes costos que para ellos implica tal exclusión.

Por lo tanto se concluye que para que México crezca a mayores y sostenidas tasas de crecimiento económico, es indispensable tener un arreglo institucional que garantice el Estado de Derecho, uno que garantice la libertad individual para poseer, usar y transferir sus recursos brindando así la posibilidad de que un individuo pueda y sea incluido financieramente cuando tenga, al menos, el acceso a los servicios financieros formales (regulados) de manera transparente (protección al consumidor), a la vez que el usuario tenga la posibilidad de adquirir la habilidad de seleccionar los productos y los servicios más convenientes basando la posibilidad de adquirir estas habilidades a través de un sistema educativo sólido, robusto, incluyente a la vez que íntegro por lo que del presente a que inicie el ciclo escolar 2018-2019 queda mucha tarea pendiente.